Elena Proietti, investigadora del Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA), impartió la ponencia 'Energías Renovables y Derechos Humanos: Un Nuevo Futuro', en el marco del Seminario Internacional Comarcas Sostenibles 2023 de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria.
La doctora del grupo de investigación Turismo, Ordenación Territorial y Medio Ambiente (TOTMA) presentó algunas novedades de su monografía, recientemente publicada, que trata de demostrar la existencia del derecho inherente al acceso universal a una energía inagotable, limpia y renovable, como derecho instrumental para el disfrute de otros derechos humanos ya reconocidos, como el derecho a la vida, a la vida privada y familiar, el derecho a un hogar y la prohibición de ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o degradantes.
Según subrayó Proietti, han pasado cuatro años desde la histórica sentencia del Tribunal Supremo holandés (20 de diciembre de 2019) en el caso Fundación Urgenda contra Países Bajos. Cuatro años en los que los estados han seguido demostrando, salvo raras excepciones, que no es posible alcanzar, a nivel internacional, un acuerdo definitivo y rápido sobre contención y mitigación del cambio climático.
Un ejemplo de ello es el decepcionante epílogo de la COP26 de Glasgow, donde los compromisos de la mayoría de los Estados sobre la eliminación de los combustibles fósiles volvieron a retrasarse por la voluntad de aquellos pocos países que necesitan priorizar los aspectos económicos y no los humanos y medioambientales.
En su opinión, la Unión Europea (UE), en este ámbito, parece haber obtenido resultados más alentadores, pero aún insuficientes en comparación con la emergencia climática, y a veces contradictorios, si consideramos la opción de querer introducir la energía nuclear y el uso del gas natural entre las energías legítimamente accesibles para reducir las emisiones de C02 por debajo del 55% en 2030.
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Durante su intervención explicó que la reciente Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el reconocimiento del supuesto derecho a vivir en un medio ambiente sano, aunque formaliza una visión innovadora por parte de las instituciones internacionales, aún permanece en el limbo del soft law.
Sin embargo, gracias al ejemplo de la Fundación Urgenda, han comenzado a interponerse demandas colectivas y contenciosos climáticos que se han extendido a nivel mundial (como, por ejemplo, L’affaire de Siècle, Luisa Neubauer y otros, y Giudizio Universale) y que ve a Asociaciones, Fundaciones y grupos de Ciudadanos como protagonistas contra los estados y su inacción.